¿Qué hacemos con US$120 millones?

La norma pretende ser la ley de TIC. Cuando se avanza en los debates, un tema empantana la aprobación: la supresión den los subsidios que se otorgan a los estratos 1 y 2 del servicio básico de telefonía fija.

Los subsidios tienen como fuente de financiación la contribución de los estratos 5 y 6 y los clientes industriales y comerciales. Subsidiar parte del consumo básico cuesta anualmente $235.000 millones, de los cuales, $65.000 millones los paga la Nación, pues no alcanzan las contribuciones.

El tema de las TIC es más un catálogo de principios de política pública antes que un régimen jurídico para un sector. Si bien es importante que los defina el legislador, está demostrado que no es posible una ley hasta que no se defina un nuevo capítulo sobre telecomunicaciones sociales que sustituya y actualice el régimen de subsidios de los servicios públicos domiciliarios.

En el país donde más de 35 millones de colombianos tienen satisfecha su necesidad de comunicación gracias a la telefonía móvil y 8 millones tienen líneas fijas, no es equitativo gastar más de US$120 millones anuales en subsidios para llevar telefonía fija a 2,8 millones de colombianos, estratos 1 y 2, la mayoría con un teléfono móvil y ubicados en centros urbanos.

Esta razón para pensar que Gobierno y Congreso en la discusión del proyecto de ley deben hacer propuestas con más contenido social en materia de infraestructura, contenidos y operación que las simples de garantizar una transición de 4 años para el desmonte del régimen actual de subsidios. ¿No será que podemos hacer cientos de ciudades con conectividad inalámbrica con US$120 millones anuales si hay un derrotero definido por el legislador?